22 de Julio de 2011

El informe advierte de que la justicia sigue siendo inalcanzable para millones de mujeres en el mundo e insta a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para erradicar las injusticias que mantienen a las mujeres en la pobreza y con menos poder que los hombres en todos los países del mundo. Esta edición de “El progreso de las mujeres en el mundo” llama la atención sobre una paradoja: los extraordinarios avances, en todo el mundo, en el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres no se ha traducido en mayor igualdad y justicia para la mayoría de las mujeres.

En 1911, las mujeres tenían derecho a voto en solo dos países, un siglo después, ese derecho es casi universal y las mujeres tienen más influencia que nunca en la toma de decisiones. En la actualidad, 186 países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Esto es señal del compromiso con el respeto a los derechos humanos de mujeres y niñas y de la voluntad para trabajar en pos de la eliminación de las barreras que impiden lograr mayor igualdad y justicia de género. Sin embargo, si bien existen muchos ejemplos de países que avanzan hacia la igualdad de género, todavía es frecuente que a las mujeres se les niega el control sobre su cuerpo, la participación en la toma de decisiones y la debida protección contra la violencia.

Más de la mitad de las mujeres que trabajan –que son 600 millones a nivel mundial– lo hacen en empleos vulnerables e inseguros y fuera del ámbito de control de las leyes laborales. A pesar de que hemos tenido avances importantes en los marcos jurídicos, millones de mujeres afirman haber sufrido algún tipo de violencia en sus vidas, usualmente a manos de su pareja y el uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres ha sido característico en las situaciones de conflicto.

A pesar de que la igualdad entre mujeres y hombres está consagrada en las Constituciones de 139 países y territorios, la falta de leyes adecuadas y las carencias en la implementación de las normas convierten a estas garantías en promesas vacías que tienen poco impacto en la vida cotidiana de las mujeres.

En muchos contextos, tanto en países ricos como pobres, la infraestructura judicial, incluyendo la policía, los tribunales y la judicatura, ha fracasado en el respeto a los derechos de la mujer, fracaso que se ha manifestado en la prestación inadecuada de servicios y en la actitud hostil de quienes tienen el deber de satisfacer las necesidades de las mujeres. 

El estudio muestra que los sistemas legales y judiciales que son efectivos pueden convertirse en mecanismos vitales para el respeto de los derechos de las mujeres, ya que pueden facilitar la rendición de cuentas, frenar el abuso de poder y crear nuevas normas. Los tribunales de justicia han sido el lugar principal donde las mujeres han exigido la reivindicación de sus derechos y donde se ha sentado los precedentes legales que han beneficiado a muchas mujeres.  

El informe destaca ejemplos de trabajo conjunto entre gobiernos y la sociedad civil para reformar la legislación y crear nuevos modelos de prestación de servicios judiciales. Además, presenta 10 recomendaciones para que los sistemas de justicia respondan a las necesidades de las mujeres.